Aportes para una política de tierras kirchnerista.

Por: Luis  D´Elía, presidente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

Publicado en Tiempo Argentino.

Hoy es posible pensar en la planificación, dadas las enormes tareas de infraestructura llevadas a cabo por el Estado Nacional en los conurbanos. 

"Es necesario repensar la estructura geográfica y humana de aquel país agroexportador que se organizó en el sentido de las vías férreas, teniendo como cabeza terminal a los grandes puertos. El Plan Estratégico Territorial presentado en marzo del 2008 por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye una iniciativa fundamental en ese sentido.

Argentina enfrenta en el ámbito rural el flagelo de la concentración de la tierra en pocas manos y la extranjerización desmesurada de áreas estratégicas como las superficies productivas, los recursos naturales y las fronteras nacionales.

Nuestro país tiene 300 millones de hectáreas, de las cuales, 150 millones son productivas. El 11 % de la población argentina concentra el 88 % de la superficie productiva, mientras que el 90 % de sus habitantes vive hacinado en el 10 % del territorio.

Es menester diseñar políticas de corto, mediano y largo alcance en materia de hábitat social. Identificado el problema, es necesario avanzar, en el país de la tierra, en la creación de un Ministerio de Tierras y Producción del Hábitat Social, que a mi criterio debe tener 3 grandes áreas o secretarías: Reforma Urbana; Reforma Agraria y Tierra Aborigen.

La Reforma Urbana debe atender la resolución de problemas crónicos que tienen que ver con las villas y asentamientos poblacionales a lo largo y a lo ancho del país. Es por allí donde deben canalizarse los programas de esponjamiento de villas o en su defecto la erradicación definitiva de las mismas, fortaleciendo el equipamiento comunitario con escuelas, guarderías, salas de salud y proveyendo servicios como cloacas, agua corriente, luz, gas, etcétera; realizando aperturas de calles y la legalización efectiva del dominio territorial.

Sólo así se alcanzarán los estándares internacionales que consagra la ciudad democrática en los protocolos de Naciones Unidas Hábitat, para que en el futuro no se sucedan nuevos asentamientos.

Se debe avanzar en la reforma de la Ley 8912 del Uso de Suelo en la Provincia de Buenos Aires y promover la creación de instrumentos similares en el resto de las provincias argentinas, con estados activos y presentes, que puedan generar de manera planificada la acción del mercado inmobiliario en nuevos loteos populares, como sucediera en las décadas de los 50, 60 y 70, donde se poblaron los conurbanos de nuestro país.

Se debe avanzar en un Estado que planifique e intervenga en la oferta a sectores populares en gran escala de lotes con servicios esenciales e infraestructura comunitaria, incluyendo el crédito blando que permita construir rápidamente el núcleo húmedo de la vivienda.

Esta oferta debe tener clara la capacidad de ahorro de los distintos sectores populares y ser muy comprensiva a la hora de exigir requisitos.

Hoy es posible pensar en la planificación, dado las enormes tareas de infraestructura llevadas a cabo por el Estado Nacional en los conurbanos, con la construcción de autopistas, caminos, y redes de agua y cloacas, como, por ejemplo, en el cuarto y quinto cordón del conurbano bonaerense.

De acuerdo con los datos aportados por la Universidad Nacional de General Sarmiento, existen en el primer y segundo cordón del conurbano alrededor de 1.000 villas y asentamientos. Allí se debe avanzar en la trama consignada precedentemente.

En el ámbito rural se debe trabajar en la reconstrucción provincial de muchos registros de la propiedad obsoletos, amañados, absolutamente alejados de los cánones de la tecnología y la modernidad. Es necesario crear una Dirección Nacional de Registro Dominial que le permita al Estado Nacional tener una información parcelaria concreta y real de todo el territorio nacional.

Se debe modificar la Ley Nacional de Regularización Dominial Nº 24.374 para que su aplicación pueda extenderse del plano residencial al plano residencial–productivo, y se debe avanzar en el reconocimiento dominial de extensas geografías habitadas ancestralmente por el campesinado argentino que hoy se encuentran en absoluto estado de indefensión jurídica.

Estas políticas deben ser conducidas políticamente por el Estado y con una fuerte participación de los movimientos sociales que aportan inserción territorial y un enorme caudal de conocimientos técnicos y recursos humanos de altísima calificación.

La tarea con el campesinado debe asegurar no sólo el dominio de sus parcelas sino también la infraestructura habitacional y el fortalecimiento de sus instrumentos de producción que les permita garantizar el desarrollo completo de las familias por la vía de la absoluta soberanía alimentaria.

Con los pueblos originarios se deben asegurar las estructuras institucionales que les garanticen la propiedad comunitaria de la tierra, como consagra en su articulado la Constitución Nacional y como instrumenta la Ley 26160, elaborada oportunamente por los entonces senadores Alicia Kirchner y Eduardo Fellner. Las problemáticas del Parque Indoamericano, las tomas de tierras de Ledesma en Jujuy, los conflictos habitacionales en Roca y Cipolleti, las disputas en la vega del Río Grande en Tierra del Fuego, las mil villas y asentamientos del conurbano bonaerense con sus núcleos habitacionales transitorios, el espasmódico déficit de casi 3 millones 800 mil viviendas, no tendrían que existir en un país que tiene 3.500.000 viviendas deshabitadas. La recolonización de la Argentina , país megacefálico si los hay, sólo podrá ser resuelta con la profundización del proyecto de país que nos propone el modelo nacional popular y democrático que construyeron Néstor y Cristina con millones de argentinos.

Quien no comprenda este contexto de acumulación y avance del pueblo argentino, aun en nombre de la verdad, estará haciéndole el juego a los peores intereses reaccionarios en disputa.